JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES
22 noviembre, 2017

El nombramiento de auditores viene regulado en los artículos 264 y 265 de la Ley de Sociedades de Capital. Concretamente el artículo 264, nos expone que el auditor de cuentas debe ser nombrado por la Junta General de Socios o Accionistas antes de que finalice el ejercicio a auditar, inicialmente por un período no inferior a tres años pero tampoco superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas respecto a la posibilidad de prórroga y a la duración de los contratos en relación con sociedades calificadas como entidades de interés público.

Por otro lado el artículo 265 regula el nombramiento de auditor cuando la Junta General de la Sociedad no lo hubiera realizado antes del cierre del ejercicio a auditar. En este sentido el Órgano de Administración de una Sociedad así como cualquier socio/s que tengan una participación superior al 5% podrá solicitar al registrador mercantil del domicilio social, la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoría de las cuentas anuales de un determinado ejercicio, con cargo a la sociedad, siempre que dicha solicitud no se haga dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre de dicho ejercicio a auditar.

En este sentido, la Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas, se ha encargado de regular, entre otras, diversas cuestiones relativas a la consulta por el registrador mercantil del listado de auditores ejercientes del Registro Oficial de Auditores de Cuentas; la fijación de los honorarios de los auditores designados por el registrador mercantil o la ampliación del plazo para que los auditores designados por el registrador mercantil puedan deliberar sobre la aceptación del encargo,

Por otra parte, en lo que concierne a la prórroga del contrato de auditoría, en la normativa actual, establece la posibilidad  ser renovados por períodos anuales o por períodos máximos sucesivos de tres años, una vez que haya finalizado el período inicial.

En este sentido, indicar que a mediados de 2010, con la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas (por Ley 12/2010, de 30 de junio), el legislador introdujo una figura novedosa: la prórroga tácita del contrato de auditoría, en caso de que no se haya manifestado ni por parte de la sociedad ni por parte del auditor de cuentas, su voluntad en contrario (ver artículo 19 de la citada Ley)

No obstante, la posterior aprobación del Reglamento de desarrollo de dicho texto refundido, por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, (artículo 52) redujo en buena medida la virtualidad de la nueva figura al exigir, por un lado, la información de la prórroga a la junta general que apruebe las cuentas del último ejercicio para el que estaba nombrado el auditor y, por otro lado y de forma especial, la comunicación al Registro Mercantil en un plazo determinado: el de depósito de las cuentas anuales auditadas correspondientes al último ejercicio contratado

En este sentido es muy interesante ver una Resolución 25 de mayo de 2016, dictada por la Dirección General de Registros y Notariados y publicada en el BOE de 10 de junio de 2016.

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